«Al igual que en las vistas de las salas judiciales y en los debates científicos, los debates parlamentarios deberían ser llevados a cabo en cada tema sólo por verdaderos especialistas que comprometieran su profesionalidad, conocimientos y honestidad, hasta el punto de que si se probara que dijeran falsedades o faltaran al rigor científico en cualquier medida quedara de inmediato comprometida su carrera profesional produciéndose incluso la expulsión de su colegiatura por parte de sus propios colegas e incluso la prohibición de por vida para volver a ejercer la profesión en España o en los países en que se tuviera acuerdo al respecto. De ese modo sabríamos que las decisiones parlamentarias se atienen a la verdad científica –contrastable siempre en todas partes del mundo y revisable según la ciencia va avanzando– y que, por tanto, tienen estabilidad real y no se basan en compraventas del poder o creencias personales del líder de turno» [Agustín Barahona]
Después de oír todo el discurso autopropagandístico del presidente del gobierno español reitero una por una mis palabras de esta entrada, constatando, una vez más, la urgente necesidad de los cambios que desde hace mucho tiempo vengo proponiendo y de los que lo expresado arriba no es más que una de las partes más relevantes.