«La obligación de los funcionarios españoles de comunicarse ya sólo telemáticamente está trayendo un sinfín de problemas legales que no han hecho más que empezar. Y todos eran más que previsibles para cualquier persona mínimamente inteligente.
Nadie entiende quién ha sido el meningítico de baba que ha impuesto a la fuerza ese sistema sin que España esté preparada ni en su normativa ni en sus medios tecnológicos al alcance habitual de los ciudadanos para poder asumirlo. Además se le pide al funcionario que se busque él la vida para poder ajustarse al sistema en lugar de lo lógico, que es que el sistema le aporte los medios para poder cumplir la norma.
Los delitos informáticos y los problemas de falta de garantías constitucionales y garantías básicas de los principios básicos del Derecho se agolpan ya como casos en los despachos de todos los abogados del país, que son los que están haciendo su agosto desde que las leyes 39 y 40 de 2015 se pusieron en vigor el 2 de octubre de 2016.
Y eso que aún no son efectivas todas las disposiciones de esas leyes, cuyo último momento de entrar en vigor para algunos de los casos, como por ejemplo el registro electrónico o el punto de acceso general electrónico de la Administración no serán realmente obligatorias para todas las Administraciones hasta el 2 de octubre de 2018. Cuando llegue ese momento va a ser la debacle si alguien con dos dedos de frente no para todo esto en seco para enmendarlo y elaborar un plan escalable de introducción paulatina de normas y dotación de medios para poder llegar a la cota de tecnología y seguridad informática que se requieren a nivel usuario.
En fin, es todo un lamentable ejemplo más de por qué los legisladores deberían ser los españoles a través de entidades societarias jurídicas que trabajaran para ellos redactando en modalidad profesional los textos normativos que dimanaran de la real soberanía del pueblo: la del ciudadano –recordemos que las Cortes son las que están hoy día usurpando ese derecho teóricamente inalienable del poder legislativo– que realmente tendrá que sufrir las leyes que no elabore bien, motivo por el que se hará responsable de su eficacia. No como ahora, que pareciera que un grupo privilegiado a quien no le afectan las hicieran mal a conciencia para realizar aquel resabio que decía que a río revuelto ganancia de pescadores.» [Agustín Barahona]
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