Impresiones de la asamblea sobre la ilegalidad del Teresa Berganza.

Para comenzar, el equipo directivo del conservatorio expulsó sin ninguna justificación a personas que habíamos invitado a la asamblea, dos trabajadores de CLASICA FM RADIO que venían para ser testigos del evento histórico y aportar sus puntos de vista. Así, para abrir boca, sin que tuviera el Equipo Directivo ningún derecho, expulsó a quien no le convenía que estuviera allí como testigos de excepción que dieran fe de lo sucedido y lo denunciaran por las ondas, puesto que el conservatorio sólo cedía el espacio para la reunión, el auditorio, no decidía quién podía ir y quién no puesto que la asamblea era abierta para todo aquel que pudiera ayudar sobre el tema de la misma y estoy completamente seguro de que el equipo directivo sabe que no debería haber hecho eso, pues sabía de sobra que quienes decidíamos quiénes debían asistir eramos sólo la asamblea. ¡Qué bonito, edificante y aleccionador, ¿verdad?!

La asamblea ha estado muy interesante. Incluso la troll que se nos coló en facebook ha venido a vernos para hacer lo mismo en la asamblea –comisionada por quienes todos sabemos– y la gente la ha puesto en su sitio rápidamente, de lo evidente que era. Lo curioso es que los representantes de los partidos políticos [sólo PSOE y Ahora Madrid, muy amables todos (Ciudadanos había prometido venir pero no pudo)] han venido y han prometido, por una parte, conseguir que la CAM o el Ayuntamiento de Madrid ceda un terreno y/o nuevo edificio, y por otra parte, revisar la situación verificando el estado de falta de legalidad del conservatorio, a pesar de que el propio equipo directivo así lo había ya declarado. A nadie nos extrañó que dijeran esto, porque les costaba, como a todos, concebir que pudiera haber un centro educativo abierto al público desde hace decenios y que no reúne siquiera los mínimos legales para estar abierto [!]. Me parece bien que lo hagan así, pues es como hay que hacerlo, verificándolo todo. Pero temo que el resultado final sea simplemente que descubran lentamente que todo es como ya se ha expuesto que es, que se haya tenido que estar más tiempo en la peligrosa e inadmisible situación en que la comunidad educativa del conservatorio se halla al tener que entrar en el edificio, que no vayan a habilitar ningún otro edificio con las dimensiones y condiciones adecuadas para albergar un conservatorio de 800 alumnos cumpliendo todas las normas (ojo) o que tarden en ello tanto tiempo que vuelvan a pasar otros 24 años dando oportunidad a que en cualquier momento pudiéramos morir muchos en una explosión del depósito de gasóleo que está bajo un suelo ilegalmente puesto –no tiene el adecuado aislante de estática– lleno de electricidad estática en la entrada –que es a la vez la salida– o en el consiguiente implacable veloz incendio que mataría a los que queden vivos dentro, sin poder tener acceso a las llaves de las aulas por cuyas ventanas saltar a la calle a partir de la esquina más alejada del primer piso –porque el bajo y sótano están barrados en las ventanas y por allí no se puede salir– puesto que habrán volado en la explosión original junto con los auxiliares de control.

Es una situación inaceptable. Pero lo más inaceptable es que se sabía oficialmente que esto estaba así y había sido ya descubierto desde al menos antes de las vacaciones de verano, cuando en asamblea del 30 de junio se nos reveló la situación con toda la crudeza de sus detalles, peligrosidad y flagrante ilegalidad y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada para obligar a que se nos saque de esa situación imposible de resolver sin perder curso ni para evitar que la gente pudiera matricularse este curso con riesgo de perderlo o perder parte de él, que es como perderlo. Ni siquiera se ha tenido la decencia de dimitir al considerarse incapaces de hacerlo mejor. Al contrario, no se ha informado de la situación real de ilegalidad y peligrosidad del edificio del conservatorio a los alumnos, padres de alumnos y tutores cuando se les ha recibido para hacer la matrícula –allí no ha habido ninguno que dijese que le había llegado tal información en la matrícula, lo que prueba la ocultación de la situación a quienes más podían sufrir la pérdida de un curso–. De hecho no se les ha informado de nada de lo que atañe a su seguridad y a sus vidas a pesar de saberse y a pesar de ser evidente tanto que les afecta como que todos los funcionarios tienen la obligación de observar las normas sobre seguridad y salud laboral (EBEP, art. 54.9) y, especialmente, que tienen la obligación ineludible de informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (Ibidem, art. 54.4). El equipo directivo, como he afirmado en la asamblea, no ha hecho realmente todo lo que podía hacer para conseguir un nuevo centro, pues ni siquiera ha cumplido con su obligación funcionarial de hacer denuncia formal de estas ilegalidades ante las autoridades competentes –que sólo ellos podían hacer por disposición de la información ad hoc–, con lo cual, de hecho, se han plegado a la situación impuesta por algunos dirigentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –que, dicho sea de paso, con esos actos muestran no tener el debido respeto por esta institución de todos los madrileños–, lo cual es a todas luces evidente, porque si no saben lo que tenían que hacer para eso tienen a su disposición las asesorías jurídicas y la inspección, que usan para «otras» cosas.

Me parece muy grave que un malhadado número indeterminado de entre unos 80 profesores, 800 alumnos y un buen montón de trabajadores puedan un día perecer sólo porque no hay equipos directivos con las agallas necesarias para enfrentarse a algunas personas de la administración y decir ¡basta! haciendo públicas todas las inmundicias que nos obligan a aceptar y negándose a vivir un segundo más con la tremenda responsabilidad de, por omisión, tener esas posibles muertes sobre sus espaldas para toda la vida. No parece ni importarles ni que se hayan planteado jamás la dimisión por conciencia de su ineficacia manifiesta. Por otro lado, también hay padres que quieren «estar con dios y el diablo», porque dicen que no quieren que les cierren el centro, a pesar de que saben que es lo que la situación de seguridad y de ilegalidad requiere de inmediato, y seguir en la ratonera mientras nos construyen o adecúan otro, lo cual es a todas luces inadmisible, porque nadie puede asumir ni le pueden dejar oficialmente asumir tamaña barbaridad. Lo único que, a mi juicio, puede precipitar la consecución de un centro nuevo, legal y seguro es la denuncia a las autoridades competentes pertinentes de la gravísima situación para que de este modo algunos de los responsables de la CAM se vean obligados a tener que solucionar la situación que su desidia ha provocado. Cualquier otra supuesta solución es perpetuar la situación insostenible de gravedad y de ilegalidad. Sin embargo muchos nos quedamos sorprendidos al ver que había algún padre que decía que prefería asumir la posibilidad de una catástrofe con muerte de sus hijos que quedarse sin conservatorio [sic]. No sabemos qué pensar ante tales incoherencias, es decir, no sabemos si son fruto de un momento de irracionalidad por la desesperación de ver que la administración no hace las cosas bien o si realmente piensa que aunque la situación sea ilegal y manifiestamente peligrosa esas cosas en España son «minucias» soslayables.

Un representante sindical dijo, al principio de todo, que debíamos tener presente siempre que había que dar un plazo mínimo para la actuación a los políticos –únicos responsables de poder solucionar esto, pues se señalaba, incluso por los mismos políticos presentes, como un problema generado por falta de voluntad política por parte del PP— cumplido el cual debíamos amenazar con algún acto mediático en caso de que nos hubieran burlado, porque si no jamás iban a hacernos caso alguno. Sin embargo en la asamblea no se fijó ni el plazo ni las consecuencias de no cumplirlo, por lo que esa vertiente y modalidad de la solución no parece ser eficaz a priori. En algún momento de la asamblea expresé a los políticos que agradecía su presencia y voluntad de ayuda, la cual era un tesoro, pero que yo no confiaba en la eficacia posible de sus actos; no porque desconfiara de su palabra como personas, pues no tenía motivos para ello, sino porque no tenemos medios para garantizarnos que su palabra sea suficiente, para desgracia de todos.

Sin embargo, y para terminar esta parte, lo bueno de todo esto es que una de las cosas que todo el mundo debería tener claras en la cabeza al respecto de este tema es que no se puede cerrar un centro por manifiesto incumplimiento de prácticamente todas las normas que son básicamente obligatorias, y como presunta solución provisional enviársenos a otros centros donde como sardinas en lata en malísimas condiciones incumpliríamos aún más la legalidad vigente, las ordenanzas municipales, las normas de mínimos, las bases académicas, la LOGSE/LOMCE, etc. Por eso tengo verdadera curiosidad por ver cómo podría el PP solventar un gigantesco problema sociopolítico como el que se le viene encima por no haber hecho las cosas bien y haber pretendido abandonarnos a nuestra suerte. Una denuncia a tiempo que provoque un problema que mediante chapuzas provisionales sea irresoluble es lo que realmente le hace falta al conservatorio Teresa Berganza, en mi humilde opinión. Y como, a cualquier efecto, también hace falta «que sepan que lo sabemos» es que publico estas líneas.

Se puede resumir que la asamblea tomó el rumbo de aclarar las opciones prácticas que quedaban para no perder el curso y que los alumnos sólo estarían de manera legal en esos otros conservatorios mientras resuelven los políticos el problema con la mayor celeridad.

Una de las cosas más preocupantes de la asamblea se produjo al final. Había sido evidente durante toda la sesión en mis intervenciones que mi discurso en todo momento es solicitar que se cumplan las normas, como hago siempre en todas partes –a pesar de que por ello soy constante objeto de alevosas y nocturnitarias labores de zapa por todos los flancos en mi centro de trabajo para intentar desacreditarme, de las que tengo sobrada prueba y que probablemente podrían llevar en su momento ante la justicia a más de uno de los delincuentes– dando ejemplo cumpliéndolas el primero ostentosa y escrupulosamente, explicando por qué gracias a obligar al cumplimiento de las mismas es que se podría solucionar el problema en general del conservatorio Teresa Berganza con la inmediatez necesaria –puesto que en España si no sometes a presión a los políticos en cargo y sus secuaces con hechos consumados y publicados éstos no reaccionan–.

Pero tras la asamblea, en un pequeño corro en que estaba uno de los jefes de estudios de este conservatorio, uno de los compañeros asistentes –arquitecto, por más señas– que estaba de acuerdo conmigo en los mismos razonamientos legales que expuse y que, como yo –y tantos otros–, no entendía cómo podía estar pasando esto y que los responsables no hubieran denunciado hace más tiempo y en un momento en que no perjudicase al alumnado, preguntaba por ello que cómo era posible que eso ocurriera. Yo le respondí que en un conservatorio como éste era normal que ocurriese, porque, por ejemplo, cada vez que en una reunión yo solicitaba que se cumpliesen las normas y que se hiciera todo bien se enojaban manifiestamente conmigo, intentaban vetarme, me llamaban despectivamente «legalista» e intentaban ningunearme, a veces «argumentando» falaciosamente que ellos son sólo músicos y no abogados [nota 1]. Además le recordé a este compañero padre de alumnos y arquitecto de profesión que ya había visto él cómo el equipo directivo «se excusaba», como había manifestado en la asamblea la jefa de estudios presente, diciendo que no tenía competencia para denunciar ni para informar en la matriculación a los alumnos del estado del conservatorio con el fin de que la posibilidad del cierre para cumplir la norma no les afectase [!!!], cosa que la jefa de estudios, presente en el corro, se apresuró a asegurar una vez más que así era, aún a pesar de que yo había explicado con todo lujo de detalles en la asamblea por qué esto no era cierto –y ya es doloroso y alienígena tener que explicar algo tan obvio– y que siempre hay que cumplir las normas agotando todas las posibilidades que éstas ofrecen. Así que le resumí al compañero que sabiendo que el equipo directivo como funcionarios están obligados a denunciar las ilegalidades que les atañen y que atañen a la comunidad educativa, porque se supone que quienes tienen los documentos para poder hacer formalmente la denuncia son ellos y sólo ellos [nota 2] y porque quienes tienen la posibilidad de informar a todo el alumnado en la matriculación son ellos y sólo ellos, son evidentes los motivos por los que estamos con el curso comenzado, pudiendo haberse evitado, y con este grave problema encima.

La jefa de estudios se apresuró a cortarme diciendo que eso era sólo mi opinión, a lo que yo contesté que estaba equivocada, pues no era mi opinión sino mi argumento jurídico no refutado, y que al no actuar ellos como debían sólo estaban resultativamente plegándose a algunas personas de la administración que estaban haciendo las cosas mal, como hacían con todas las denuncias que yo tenía por registro de entrada y que no contestaban aunque estaban obligados; a lo que ella volvió a insistir en que su «opinión» era la contraria y yo volví a recordarle que estaba equivocada, que hay que hacer siempre que se cumplan las normas [nota 3] y que al final ella comprobaría cómo cumplirlas acabará con los problemas de quienes las siguen. Ella atajó repitiendo automáticamente de nuevo que yo «estaba equivocado», refiriéndose obviamente a lo de cumplir las normas, y añadió enigmáticamente que «ya lo comprobaría». Supongo que si «ya lo comprobaré», cuando lo compruebe podremos saber todos qué es lo que ella «sabía» que tendría yo que comprobar –al respecto de que lo que hay que hacer es cumplir las normas y denunciar a quien no lo hace– y lo publicaré aquí mismo para que todos nos enteremos de en qué consistía ese misterioso vaticinio en el que sin razonamiento alguno y contra toda lógica hay que creer.

El caso es que debió de sentir que sus palabras no habían sido muy creíbles y convincentes y quizá por ello, no contenta con el resultado, a renglón seguido, sin despeinarse y sin venir a cuento, me acusó allí mismo, ante los presentes, gratuíta e infundadamente –como si fuese además algo malo–, de que un registro de la policía municipal para ver si el conservatorio tenía los papeles del edificio en regla –¿cédula de habitabilidad?– , que por lo visto había tenido lugar ayer 7 por la mañana, según nos informaba, había sido fruto «de una denuncia mía». [!!!].[nota 4] En fin, todo un modelo de comportamiento y responsabilidad el de esta persona con la que, como se ve, es una delicia tratar en cualquier conversación relacionada con el cumplimiento del deber. Por supuesto, el padre y arquitecto funcionario que había realizado la pregunta en este corro post-asamblea –y que había señalado que las obras de reforma del conservatorio, reciente e incomprensiblemente hechas, eran a su vez ilegales–, imagino que tras esa kafkiana intervención de la jefa de estudios, mezclando opiniones con vaticinios enigmáticos y acusaciones imposibles para intentar echar balones fuera, si tenía alguna duda todavía sobre los motivos por los que el conservatorio está como está estoy seguro de que se le disipó por completo.

Durante la asamblea, al principio, una de las personas asistentes nos había dicho que alguien le había comentado que ya había dos denuncias al conservatorio. Bien, pues al menos esta esperpéntica acusación impertinente e infundada de la jefa de estudios fuera de asamblea hacia mi persona nos sirvió a los pocos presentes para tener certeza de que el proceso de cierre del conservatorio ya se había iniciado, porque alguien –parece ser que dos personas– ya había denunciado legal y oficialmente la situación ilegal del conservatorio y se había producido el inicio de las actuaciones correspondientes de la autoridad competente.

Por las trazas, sin que haga falta mucha bola de cristal, me da la impresión de que, visto todo lo que se ha destapado acerca de las malas actuaciones habidas en el conservatorio, la próxima asamblea va a ser prohibida allí, así como la exhibición de cualquier convocatoria en el centro, por la directora del mismo, pero sin atreverse a ponerlo por escrito y asegurando, como excusa, que a ella también se lo habrá pedido algún jefe suyo sin mediar escrito alguno, mostrando así que se pliega de nuevo a hacer algo irregular a sabiendas. Ojalá me equivoque pero… ¿nos apostamos algo?

[Actualización, a 21 de octubre de 2016: parece ser que mi estimación de comportamiento ha sido exacta, literalmente, lo cual no tiene mérito alguno, porque los comportamientos de estas personas siguen patrones muy fácilmente predecibles, ya que siempre actúan del mismo modo. Un cordial saludo a todos.]

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Notas:

1.- Se «olvidan» con peligrosa asiduidad de que además de músicos son profesores de música funcionarios y que están sujetos al conocimiento y cumplimiento de las normas que para los funcionarios y funcionarios docentes se aplican, «olvido» que explica el grado y cantidad de calamidades académicas y organizativas vinculadas a lo legal que tienen lugar en ese conservatorio constantemente y que yo denuncio por registro de entrada sin que jamás sean legalmente atendidas. Por cierto, estas actitudes de veto están también denunciadas por registro de entrada y, como siempre, jamás respondidas.

2.- Hasta que cualquier otra persona no pueda acceder a la verificación de la situación porque haya sido informada de la misma y haya podido considerarla en serio debido al atropello que supone un conservatorio en esas condiciones desde hace 24 años. Por cierto, si un centro no tiene seguro porque carece de cédula de habitabilidad cualquiera puede imaginarse los problemas que esto puede también acarrear, así que es otro elemento más por aclarar. Las condiciones del estado del centro han de venir reflejadas en la Programación General Anual (PGA) –junto con otras muchas cosas cuyo conocimiento es imprescindible para la comunidad educativa– que las Instrucciones que rigen los conservatorios dicen con toda claridad que debe estar «a disposición de» la comunidad educativa en la secretaría del centro –es decir, la comunidad educativa puede «disponer del» documento, expresión intransitiva la entrecomillada que significa que la comunidad educativa puede valerse del mismo y utilizarlo como propio (vide R.A.E)–. Sin embargo, no se está cumpliendo esta norma que permite que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda disponer de una copia –informática o en papel, bajo pago de la fotocopia correspondiente– de dicho documento vital para el asunto que nos ocupa. No existe justificación legal alguna para no aportar copia informática del documento. Yo mismo, y otras varias personas miembros de la comunidad educativa, hemos solicitado varias veces una copia de la PGA mediante registro de entrada y jamás ha sido satisfecha nuestra petición.

3.- Pues se olvida de que para eso está el equipo directivo allí y no para ninguna otra cosa, ya que incluso la ordenación académica no es libre y ha de seguir las normas previamente dictadas. La potestad de cualquier equipo directivo se basa exclusivamente en la norma y no en el arbitrio.

4.- De todos es sabido que las denuncias tienen reconocido el derecho a la confidencialidad, por lo que no tiene ningún sentido que el denunciado acuse a nadie de la denuncia cuyas actuaciones están recién incoadas. Es un puro pataleo pueril para intentar cambiar de tema e intentar ya no sólo balones fuera sino falacias ad-hominem dentro. Todo un poema.

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El presente artículo está referido al evento comunicado aquí.

Si me es posible, en breve publicaré en mi blog las actas de las asambleas que estén aprobadas, para que, cumpliendo con mi deber de funcionario, la comunidad educativa pueda quedar informada de todas estas cuestiones que es obvio que le atañen directamente y aunque el equipo directivo no lo haya hecho.