La realidad de las reclamaciones de los profesores

Vaya por delante que no creo en las huelgas porque nunca he podido holgar, es contrario a mi naturaleza, y porque las huelgas tenían un sentido sólo cuando el único perjudicado era «el patrono». Sin embargo, cuando el único perjudicado es el más inocente y aquel a quien debería ir dirigido el fruto del trabajo entonces la huelga es incluso aún más absurda, máxime porque actualmente hay decenas de métodos legales y eficaces para conseguir que quien intenta abusar de alguien tenga que retractarse o al menos dar algunos pasos atrás. O al menos lo había hasta ahora, aunque empiezo a no tener esa necesaria seguridad, dado el lamentable estado en el que está el Estado de Derecho, pues ya no veo que se garantice en todos los casos y sin excepción que las normas que dan la forma funcional a nuestra sociedad sean respetadas y hechas cumplir.

No es cierto que los profesores no hayamos protestado nunca cuando las malas normas y los atropellos los ha hecho el psoe: la propia LOGSE provocó huelgas y encierros terribles y cada vez que ha habido una preconizada merma de la calidad de enseñanza instruída en una pésima norma hemos puesto el grito en el cielo y además muchos de nosotros lo hemos hecho por escrito y razonadamente, con registro de entrada. La propia historia muestra a las claras que nos da exactamente igual quién realice el desmán y que no tragamos con los desmanes sin al menos señalar que lo son e intentar resolverlos en primera instancia. No, las reclamaciones de los docentes no son algo injustificado o una maniobra política, o bien habría que admitir que lo son todas las cosas en la sociedad, porque siempre pueden ser usadas por cualquier partido para cabalgarlas, como estamos viendo diariamente. Y siguiendo este razonamiento la primera idea que habría que admitir que es una manipulación política es el afirmar que las reclamaciones de los profesores son una maniobra política, y así hasta el infinito. Pero yo aún confío en la inteligencia del ciudadano y espero que sepan desbrozar y distinguir lo que es una reclamación legítima de lo que son todas las encabalgaduras que puedan intentar desvirtuarla y desnaturalizarla, puesto que además la información y la verdad están actualmente al alcance de todos puesto que las normas pueden verse claramente por la Internet y cualquiera que tenga intención real de averiguar la verdad puede hacerlo comprobando que es falso lo que se está afirmando sobre que es legal aumentar el número de horas de docencia, para lo que después facilitaré algunos enlaces y apuntes. Lo que es vergonzoso es que los medios de comunicación repitan a coro lo que dicen los políticos sin molestarse ni una brizna en intentar comprobar cuál es realmente la verdad, tan a su disposición como a la del resto del mundo. Tal como decía, el mundo politizado que, manipulando la realidad y ocultando nuestras constantes protestas contra los desmanes en educación, acusa a los profesores de ser un movimiento politizado.

No es ni siquiera un problema de solidaridad, pues todos entendemos que si estamos mal por los despilfarros y pésimas gestiones hechas por los políticos (independientemente de la facción que sean, porque en esto y en muchas otras perversiones propias quedan hermanados) todos debemos arrimar el hombro. Pero ahí está el quid de la cuestión: todos. Dejando por sentado que todos sabemos que no puede haber iguales condiciones laborales y sueldos en profesiones que requieren distintas preparaciones, esfuerzos, cualificaciones y demostración –mediante oposición– de la posesión fehaciente de las mismas (y por tanto nadie sensato podría pedir que todos los sueldos y condiciones laborales sean las mismas a no ser que le importe muy poco la realidad y cómo funciona la sociedad y el futuro de ésta, véase mi nota https://www.facebook.com/note.php?note_id=2368886832430), tengo la plena seguridad de que si los despidos (o no contrataciones periódicas, que es lo mismo), los recortes en el sueldo y los aumentos en los horarios de docencia se hubieran hecho en idéntica proporción y equivalencia en todos los trabajos españoles para conseguir el presunto ahorro que se alega que se va a conseguir nadie habría podido oponer legítimamente ninguna objeción, por mucho que a los funcionarios docentes les doliera a todos en el bolsillo o en sus horas de organización eficaz de sus horarios para que la calidad de enseñanza no se vea más dañada aún de lo que ya lo está. Es más, tengo la plena seguridad de que si los políticos hubieran sido los primeros en mostrar y demostrar fehaciente y comprobablemente haberse autoimpuesto estos recortes en la misma proporción que pretenden imponer al resto de la sociedad, quitándose además pensiones y sueldos vitalicios (por trabajos que ya no realizan) ambos astronómicos y haciendo desaparecer todo aquello que es real y completamente prescindible (por poner un ejemplo entre decenas de ellos, los traductores en un país donde existe una lengua común, el español), habríamos tenido todos casi una sensación mística entre estupor y agradecimiento por tamaño grado de honradez y nobleza y nadie habría podido objetar nada en absoluto, como no fueran los virtualmente despedidos o realmente no contratados, por motivos obvios.

Bueno, y finalmente vamos con los hechos fehacientes y completamente demostrables que revelan que se trata de una manipulación ultrajante por parte de los políticos chapuceros de turno (habría sido muy fácil hacerlo bien derogando todas las normas que impiden que lo que han hecho sea legal y que seguidamente mostraré). Es mentira que sea «legal» que podamos impartir hasta 21 horas en las condiciones presentes. Incluso el abogado más tonto e incompetente sabe y explicaría que para que una cosa sea «legal» tiene que darse en el mismo contexto y condiciones impuestos por la ley o norma que la determina. Si no fuera así tendríamos que admitir como legal, por ejemplo, que se declarara en España un Estado de Excepción o de Alarma por motivos espúreos sólo porque se reconociera que la potestad para declararlo corresponde a tal estamento y sin embargo no se tuviera en cuenta que sólo corresponde declararlo a tal estamento en los casos A o B. Si se da el caso C sería completamente ilegal, ya que la norma restringiría su aplicación a sólo los casos A o B, y cualquier persona inteligente lo comprendería a la perfección y no admitiría un Estado de Alarma o Excepción en esas condiciones y mucho menos lo consideraría como «legal». El sentido de la norma que permite bajo determinadas condiciones que el horario lectivo semanal pueda llegar hasta 21 horas, no interpretable puesto que sus condiciones vienen –afortunadamente y a diferencia de otros casos– claramente expresas en el texto jurídico, y lo que dice su propio texto vienen a continuación:

La Orden Ministerial del 31 de julio de 1987 en vigor, por la que se adecúa la jornada de trabajo de los funcionarios docentes que imparten Enseñanzas Básicas, Medias, Artísticas y de Idiomas (véase en el BOE http://www.boe.es/boe/dias/1987/08/18/pdfs/A25475-25475.pdf), dice lo siguiente en su artículo segundo:

«se podrá llegar hasta 21 horas si la distribución horaria del Centro así lo exigiese.»

Y la distribución horaria de los centros no lo exige. Por lo tanto es ilegal.

La Orden del 29 de Junio de 1994 en vigor, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, aplicable aquí a las Enseñanzas Artísticas, (véase en http://www.madrid.org/dat_capital/servicio/impresos_pdf/ROC_SEC_29_06_1994.pdf) dice en su artículo 77:

«pudiendo llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo»

La distribución horaria de los departamentos no lo exige, luego no puede justificarse como motor de la imposición, por lo tanto es ilegal.

Algunos de ustedes se preguntarán que para qué se hicieron entonces estas salvedades que permitirían que fuera legal el dedicar hasta 21 horas del horario semanal de 37,5 sólo en estos claros y bien especificados contextos. Muy sencillo, porque tiene que existir una parte en la norma que permita una excepcionalidad durante un curso académico en caso de que, por errores de matriculación o por necesidades de admitir alumnos fuera de plazos, hubiera más alumnos de los atendibles en las condiciones normales (porque siempre se beneficia al alumno en estos casos).

Pero finalmente, y por encima de todo, todos sabemos que es ilegal que mediante una norma de rango inferior se quiera desdecir a una de rango superior vigente (sólo un ignorante o alguien acostumbrado a actuar ilegalmente sin coste político o jurídico podría intentar hacer algo así y no parece que sea el caso de las protagonistas de esta malhadada historia) y las instrucciones de la viceconsejera de Educación Alicia Delibes, aprobadas por la consejera Lucía Figar y esgrimidas en los medios por éstas y por la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre contra sus autoridades públicas académicas (véase la ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142600902532&ssbinary=true), son una norma de rango evidentemente muy inferior a las normas de rango de Orden Ministerial, ambas éstas vigentes. Por lo tanto se entiende claramente que la norma de la viceconsejera de educación es nula de pleno derecho en todo aquello que contradice a aquellas órdenes ministeriales (véase artículo 62 de la Ley 30/1992).

Lo menos que una persona inteligente y despierta en el mundo de hoy debe hacer es no creerse nada de lo que los medios de comunicación y políticos le dicen cuando no se hace ni el más mínimo esfuerzo por mostrar que lo que se dice es cierto y cuando, a la vez, esta persona inteligente dispone de medios propios para poder verificar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad por sí misma. No existe Libertad sin Conocimiento.