La red social paga ahora más de 11.700 millones entre efectivo y acciones por el servicio de mensajería y realizará un segundo desembolso de otros 2.100 millones en títulos preferentes
La compañía Facebook ha alcanzado este miércoles un “acuerdo definitivo” para comprar la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por 19.000 millones de dólares en total (más de 13.800 millones de euros). La operación está formada por dos pagos: un primer desembolso de 16.000 millones de dólares (unos 11.700 millones de euros), de los cuales 4.000 millones de dólares serán en efectivo y los 12.000 millones de dólares restantes en acciones de la conocida red social. Pero, además, la compañía pretende realizar un segundo pago de otros 3.000 millones de dólares en acciones, en este caso acciones RSU (Restricted Stock Unit), una emisión futura similar a la de las opciones sobre acciones, destinada a los fundadores y empleados WhatsApp. Estas segundas participaciones se entregarán a lo largo de un período de cuatro años tras el cierre de la operación, que todavía debe recibir los permisos de las autoridades. [… seguir leyendo en el enlace]
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«Los tribunales condenan por primera vez al Estado por retirar la extra a los funcionarios
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga ‘extra’ y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto ‘antidéficit’ del Gobierno.
Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado (AGE) por la retirada de la paga ‘extra’. Hasta ahora, todos los pronunciamientos judiciales se habían producido a nivel autonómico y local. Según el sindicato de funcionarios CSI-F, la sentencia no deja lugar a dudas, pues censura «la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima».
Por otro lado, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, al considerarlo «superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal».
El sindicato presidido por Miguel Borra afirma que esta sentencia supone un colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico. «De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y, desde luego, al resto de los funcionarios de la AGE», añade.
Por ello, CSI-F considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga ‘extra’, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos.»
«El lbre mercado, para cualquiera que sepa cómo funciona, es simplemente una creencia más, como las religiosas, sólo que en este caso mucho más taimada. E incluso aunque alguien no supiera cómo funciona es evidente, palmario y patente que no funciona, como se lleva mostrando y demostrando en los últimos siglos, que repiten casi a diseño troquelado el mismo sistema de parasitación social en periodos oscilantes alternativos, sin piedad, aduciendo que el mercado funciona así y que la próxima vez habrá mejores oportunidades para todos los ‘emprendedores’ –pollos a los que desplumar en concurso–. Señores: ¡¡¡la banca siempre gana!!! Es un poco como los juegos de azar: «¡juegue el doble a manque a la próxima y ya verá que tendrá mejor suerte porque el passe ya ha salido mucho!». Es tan obvio que duele a veces tener que hacer algún mínimo hincapié para la reflexión.
No obstante, dicho todo esto, lo que no funciona del lado social o de la nacionalización actualmente es el sistema, totalmente pervertido desde su primera concepción, permitiendo legalmente todo tipo de barbaries; éso es lo primero que hay que cambiar para garantizar que la lógica del estado funcione.» [Agustín Barahona]
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