Sólo en igualdad de condiciones previas para todos, allí donde la riqueza fuera sólo fruto de un azar sería justo que se compartiera igualitando a todos. Fuera de esa situación ideal depende de muchos factores, como el origen de lo que se fuera a compartir, el motivo por el que se produce la diferencia en la riqueza, etc.
«Sería injusto pedir al más trabajador de una sociedad que comparta su riqueza con quien no hace al menos los mismos esfuerzos por conseguir la propia.» [Agustín Barahona]
«Os invito a comprobarlo. Éste es sólo uno de los muchos artículos que cada vez con mayor profusión se están publicando en la medida en que la ciudadanía se va dando más y más cuenta de lo que realmente ocurre. Se hace para contaminar la visión de la realidad con falsas asimilaciones que marcan como peligrosos algunos actos lógicos y completamente legítimos, muy perjudiciales para quienes viven de la injusticia de este sistema. Veámoslo.
«se cuestiona abiertamente la legitimidad de nuestras instituciones y la fuerza de nuestra legalidad democrática. Para ello se despliega ante la opinión pública de forma abrupta una animadversión antilegal y antiparlamentaria »
Debe decirse previamente que lo primero que llama la atención en todo el artículo es que está repleto de afirmaciones que parecen decir «Palabra de Dios», puesto que el autor no se molesta ni una sola vez en entrar a demostrar que son ciertas. Respondiendo a este primer párrafo extractado; lo que en realidad cuestiona la sociedad es la eficacia o utilidad de algunas instituciones, no la legitimidad, que es muy distinto. La fuerza de la legalidad democrática no se cuestiona tampoco, antes bien al contrario, se critica que, existiendo tal fuerza y siendo la base presunta de todo, se den unos resultados a veces tan siniestros como los que estamos viendo cada día, como presidentes de naciones mostrando que por encima de su Constitución están los mercados financieros, por ejemplo. Nadie está desplegando, y mucho menos abruptamente, una animadversión antilegal y antiparlamentaria. Todo lo contrario, se reclama al parlamento que parlamente y que siga las normas para hacerlo, porque no se están siguiendo en la inmensa mayoría de las ocasiones; de hecho, el parlamento no es ya tal, sino un ‘votamento’ predecidido, lo que va en contra de la propia democracia parlamentaria.
«La crisis golpea nuestro bienestar desde hace cinco años y se está poniendo a prueba la entereza de nuestras instituciones democráticas y, con ellas, las estructuras de equidad que salvaguardan la paz social de nuestro país.»
No es cierto. Las estructuras de equidad no se están poniendo a prueba por causa de la crisis, sino por causa de las injustas decisiones que toman unilateralmente nuestros gobernantes elegidos por contratos, que además incumplen haciendo lo contrario a lo prometido. La desigualdad generada lo es institucionalmente y por decreto, como todo el mundo ve día a día, pues, como la historia muestra, hay muchas formas de solucionar una crisis y lo que nuestro gobierno españolísimo hace no es dar soluciones sino generar constantemente la sensación de que están aplicando el refrán de ‘a rio revuelto ganancia de pescadores’. Otros países dejaron caer a las entidades financieras locales y se ‘rescató’ a la población y al propio sistema de libertades e igualdades, poniéndolo por encima de los mercados financieros.
«las instituciones democráticas se ven discutidas por una tempestad antipolítica que ensalza las multitudes y reclama el derecho a que sean éstas quienes decidan por dónde debe orientarse el interés general, ya sea del conjunto o de partes significativas de la sociedad española.»
No se trata tampoco de una tempestad antipolítica, ya que en nuestro panorama no existen verdaderos políticos sino, en el mejor de los casos, administradores que se lucran de su función pública. La reacción ciudadana es ante la falta de verdadera política, precisamente, ya que ésta es el arte de dirigir a los pueblos hacia un futuro mejor, no hacia la ruina. No se ensalza a las multitudes, sino que se recuerdan las bases democráticas expresas en la Constitución, pues es la Soberanía Nacional la que realmente tiene encomendada la función legislativa
(Constitución: art. 2: 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; art. 66: 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado; 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.)
Si no existieran medios reales para controlar al gobierno la Soberanía Nacional tiene el derecho a garantizarlos, pues no puede quedar indefensa ante las injusticias y no existe ni ha existido jamás sistema alguno sobre la tierra que lo haya permitido sin generar terribles problemas, mucho mayores que la solución de la participación primordial de la Soberanía mediante formas legítimas y fehacientes de manifestar su voluntad y de controlar las injusticias de quienes gobiernan el estado en su nombre. La política representativa no tiene sentido cuando lo representado no necesita en absoluto del representante porque lo que impedía su participación directa hace años que desapareció. ¡Bendita tecnología!
«se tergiversan los defectos que objetivamente pesan sobre nuestras instituciones para transformarlos en sistémicos y deslegitimar así la raíz misma de su vigencia moral.»
Esto es tan fácil de decir como difícil o imposible de demostrar –reto desde aquí a quien sea a que tenga la amabilidad de hacerlo–. Además, las vigencias no han de ser morales, sino judiciales –los pactos y sistemas sociales se basan en reglas del juego, en normas, no en cuestiones morales, propias de regímenes teocráticos: no hay que creer en la justicia, hay que disfrutarla haciéndola evidente, plasmándola día a día–, y si un sistema permite perversiones a través de todas las instituciones quiere decir que es en si mismo perverso, por lo que ha de ser cambiado por otro que no lo sea. Los razonamientos son todos muy sencillos, por eso todo el mundo puede llegar fácilmente a ellos.
«pretenden, por la vía de los hechos, subvertir el marco constitucional a través del desarrollo de un relato mesiánico que erige a la multitud, la que sea, en protagonista de un nuevo escenario constituyente o titular de un inexistente derecho de autodeterminación.»
Esto es falso, como ya se ha explicado antes –además, lo único mesiánico aquí es intentar hacernos creer en la diosa moral y la fe en las promesas proféticas por encima de los hechos cotidianos nefastos y a pesar de éstos–, pero cabe además apostillar que esa «multitud, la que sea», que se intenta deslegitimar mediante ese nombre a pesar de sus legítimos intereses de justicia, es la misma, tan necesaria entonces, que ha votado un contrato electoral que el gobierno actual ha traicionado por completo de un modo impune. La única legitimidad de una democracia y un Estado de Derecho es la garantía de éstos en que todas las normas se van a cumplir y que la justicia es la que va a imperar. Cuando una democracia actúa justificando la injusticia y dejando impunes a los culpables queda completamente deslegitimada.
«la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten»
Sí, pero sólo cuando las leyes y los que las ejecutan son justos.
Un abrazo a todos.» [Agustín Barahona]