Es difícil encontrar en la historia moderna de la Educación una situación de mayor incoherencia esquizoide en un grupo político, lo que implica muchas cosas interesantes.
A la vez que dicho grupo reconoce
1.- la obviedad no sólo de que los docentes poseen una mayor y mejor formación general que ellos en materia de conocimiento de casi cualquier rama del mismo (cosa lógica entre docentes altamente cualificados cuya excelencia ha tenido que ser duramente probada y demostrada mediante oposiciones, lo que los hace difíciles de combatir en un debate público, del que por eso mismo se huye), sino de que
2.- dichos docentes son autoridades públicas, esto último reconocido y reforzado incluso mediante una ley de este mismo grupo político hace poco (LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor),
a la vez que reconoce públicamente todo esto, digo, intenta este grupo hacer ver a la opinión pública, mediante todo tipo de falacias y manipulaciones de la información, que dichos profesores son una lacra social (!). Es más, dicho grupo político envía a su Consejera de Educación a hablar en medios de comunicación que no dudan en tildar de «payasos y gilipollas» [sic] a dichas bien formadas e informadas autoridades públicas, sin que la mentada consejera los desdiga o llame la atención (!) y mientras añade ésta de su cosecha en esos y otros sitios lindezas de peor calaña, calado y consecuencias. Los posibles delitos que se inferirían de las actuaciones con total apariencia de premeditación por parte de dicha consejera abrumarían y moverían a la presentación de dimisión a cualquier político con un mínimo de dignidad, y a cualquier otro que la hubiera apoyado públicamente; aunque a estas alturas, tras varios meses de ignominias infligidas a los docentes, no se puede estar seguro de lo que va a ocurrir.
Con todo, lo más importante no es ni mucho menos la necesaria excelencia en la formación de dichos profesores ni el que su necesaria autoridad pública haya sido reconocida mediante una norma por ese partido político. Ni siquiera que en dicha norma en uno de sus puntos (artículo 4.f) se diga que la Administración educativa «velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su consideración y su prestigio social.» (Disculpen que al leer esto no pueda evitar una irónica carcajada consecuente con los tiempos que se están viviendo).
No, ni siquiera lo recién mentado es lo más importante, pues todo ello queda simplemente como anecdótico al lado del dossier probatorio adjuntado a la denuncia por injurias, falsedad y calumnias que se ha presentado en los juzgados contra dicha Consejera de Educación. No tiene desperdicio y me temo que quedará como uno de los hechos históricos más vergonzosos de la historia de la «política» de educación en España. Por ello facilito el enlace a dicho documento, un testimonio que cualquier investigador que en el futuro quiera estár enterado de verdad de qué es lo que está ocurriendo en España al respecto de este tema no puede omitir conocer. Que cada uno saque sus propias conclusiones… y que actúe en consecuencia.